Un estudio de casos revela que el Estado no busca a los desaparecidos en las minas. Familiares de las nueve historias que comprenden Fosas del Silencio señalan que funcionarios policiales les conminaron a desistir de la búsqueda, algo que contraviene los estándares internacionales sobre la búsqueda de desaparecidos.
—No es el primero, ni el último —le respondió el oficial a Damelis Basanta.
La mujer estaba en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Tumeremo, en el sur del estado Bolívar, denunciando la desaparición de su hijo. Llevaba cuatro días sin saber de él.
—Tiene que tener paciencia —agregó el funcionario que la atendió.
—¡¿Qué paciencia?! Ponte en mi lugar, soy una madre desesperada —exclamó ella.
Fue la primera vez que Damelis fue al Cicpc. Y no fue la última. En adelante ha tocado la puerta otras decenas de veces, y dice que lo hará hasta que alguien le explique qué pasó con su hijo, por qué se lo tragó la tierra.
La historia de Damelis es casi una copia al carbón de la experiencia de otras víctimas de la violencia minera en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, que se han atrevido a denunciar, pese a las consecuencias que temen pueda traerles a su entorno familiar.
Entre 2012 y el 15 de agosto de 2020, al menos 77 personas desaparecieron, 74% entre 2018 y los primeros ocho meses de este año, lo que coincide con la expansión de la anarquía minera tras la creación del Arco Minero del Orinoco por el gobierno de Nicolás Maduro en las minas de la Amazonía venezolana.
El dato corresponde a la investigación del proyecto Fosas del Silencio, emprendido por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), una organización de derechos humanos regional, junto a un colectivo de periodistas independientes en alianza con La Vida de Nos. En 2020, Global Initiative —una red de expertos en derechos humanos, gobernanza y crimen organizado— incorporó esta investigación a una plataforma para apoyar la colaboración transnacional entre personas que desarrollan la resiliencia al crimen organizado a nivel local en torno a un tema global.
Desde mayo de 2019, hemos monitoreado —a través de redes sociales y medios de comunicación— reportes sobre desaparecidos en las minas con el objetivo de identificar patrones y variables, así como contar las historias que le dan rostro a este inédito drama en la región Guayana.
Los testimonios se han recabado a través de un correo electrónico, difundido a través de las redes sociales de Codehciu y el diario regional Correo del Caroní. La estrategia ha estado acompañada de un trabajo de campo que ha incluido recorridos por el municipio Caroní, El Callao, Sifontes, Gran Sabana, Roscio, Piar, Pedro Padre Chien y Heres, así como llamadas y visitas a sacerdotes que hacen trabajo pastoral con sus comunidades en estos municipios del sur y a los que, frecuentemente, acuden las familias en busca de ayuda.
La convergencia de un equipo multidisciplinario de actores claves ha sido trascendental para construir una primera base de datos que permita medir el alcance, puesto que el Estado venezolano no publica datos, pese a que un 30% de los entrevistados dijeron haber denunciado ante el Cicpc. En países como México y Colombia, se calcula que solo se alcanza a registrar 25% de los casos por el temor de las víctimas a las instituciones del Estado y a la influencia del crimen organizado.
Con esta metodología se constató un secreto a voces: las desapariciones son una realidad con la que conviven pobladores y migrantes forzados desde hace ocho años en yacimientos auríferos. Con frecuencia, pobladores o vecinos en Ciudad Guayana saben de un caso, de un familiar o un allegado en esta situación, pero deciden callar por las consecuencias que pueden generar las denuncias.
La investigación, actualizada en agosto de 2020, revela que de las 77 personas desaparecidas en los últimos ocho años, la mitad continúa desaparecida. Del total, 13 son mujeres y 64 son hombres; mientras que 39% de los casos tienen edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad.
El inicio de esta historia nos remite al 5 de marzo de 2016, cuando el pueblo de Tumeremo protestó y reclamó los cadáveres de 17 personas asesinadas en la mina Hoja de Lata. Después de 10 días intensos de manifestación, el Ejecutivo reconoció la existencia de una fosa común.
Pero no fue fácil. A los pobladores de Tumeremo les costó una semana de protestas y amenazas. La manifestación puso de relieve las ejecuciones en masa y dio cuenta de la importancia del impacto mediático de las protestas de los dolientes para que se activara la acción estatal de búsqueda de los mineros, luego de que —en un principio— entes oficiales desestimaron las denuncias de los familiares.
Ese hito permitió hacer públicas denuncias sobre el carácter sistemático de desapariciones y muertes en las minas, así como un reconocimiento y compromiso estatal para atender el problema.
Desde entonces, la posibilidad de que existieran decenas de desaparecidos quedó sobre la mesa. ¿Qué pasa con aquellas víctimas que vienen de otras partes del país sin ninguna red de apoyo? ¿Qué pasa con hombres y mujeres que son testigos de masacres? ¿Cómo se organizan familias sin ni siquiera conocerse? ¿Qué ha ocurrido y qué ocurre con los casos de desapariciones, tanto individuales como masivas, menos visibilizados?
Esas interrogantes motivaron esta investigación periodística. Si la masacre de Tumeremo solo pudo comprobarse por la protesta sistemática, inamovible y determinada de un pueblo entero, ¿qué ocurre con los casos menos masivos, individuales y, en especial, cuando las víctimas no son pobladores de la zona?
Fue así como encontramos un patrón de desaparecidos: la mayoría son migrantes internos que se van a la mina como método de subsistencia sin mayores redes de apoyo locales. El fenómeno, aunque reciente en los pueblos de vocación minera, es forzosamente normalizado por sus habitantes, quienes viven sometidos a un entorno donde las reglas las impone el grupo de fuerza de turno, en total ausencia o anuencia del Estado.
Las familias que atraviesan este trauma generalmente no lo superan, advierte Cruz Roja. Tampoco se recuperan personal ni socialmente. “Este tipo de heridas mal cicatrizadas pueden destruir el tejido social y socavar las relaciones entre grupos y naciones durante décadas. El riesgo es que las sociedades no pueden reconciliarse y aprender de sus errores si no mantienen colectivamente el recuerdo de lo sucedido”, subraya.
Por eso, en apoyo a la defensa de los Derechos Humanos desde realidades locales, Codehciu, en alianza con La Vida de Nos, decidió darle voz a quienes incansablemente buscan a los desaparecidos en la búsqueda de El Dorado. Desde agosto de 2020, Fosas del Silencio se amplía a la plataforma Indelebles, un proyecto de periodistas en alianza con estas dos organizaciones para seguir visibilizando el fenómeno de desapariciones en el sur de Venezuela.
Es una cuenta regresiva que no termina y con la que abrimos un capítulo para acompañar a los familiares víctimas en su reclamo porque se respete el principio de búsqueda en vida, uno de los pilares de los Principios Rectores de la Búsqueda de Desaparecidos divulgado por Naciones Unidas.
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Periodista formada en el Correo del Caroní, con experiencia en investigación y cobertura del mundo laboral venezolano. Estoy interesada en la fotografía y en el periodismo con perspectiva de derechos humanos.
Periodista venezolana egresada de la UCAB Guayana y activista por los DDHH. Tejo contextos a través de los datos. Soy entusiasta de todo lo que contribuya con contar historias como el diseño gráfico y la fotografía.
