Le piden lo único que ya no tiene

Después de ocho días encadenados frente a la Defensoría del Pueblo, activistas LGBT lograron que diputados de la Asamblea Nacional electa en 2020 les prometieran que se reunirían con el Consejo Nacional Electoral y con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para, apelando al artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil, cambiar los nombres de 15 transgéneros e intersexuales. Esta es la historia de Paúl, un hombre trans que se quedó esperando. 

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

“¿Qué más paciencia quieren?”.

La pregunta está cargada de desesperación. Paúl Martucci sabe que no solo habla por él, sino que es la voz de muchos: a él y a las otras 14 personas que lo acompañan le están pidiendo lo único que ya se les ha agotado. 

La respuesta que recibe es la de siempre. Que deben entender. Que las cosas no son de un día para otro. Que deben tener paciencia. 

“¿Acaso no son suficientes 13 años de espera?”.

Es 15 de diciembre de 2022. 

Días atrás, después de varias reuniones que terminaban en nada, diputados de la Asamblea Nacional (AN) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) les habían prometido que serían las primeras personas transgénero en cambiar su nombre. Solo se trataba de hacer cumplir el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil, el cual permite el cambio de nombre propio a cualquier persona venezolana “cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.

Pero desde su promulgación, en el año 2009, las personas trans como Paúl están esperando que la ley se aplique para ellos.

Paúl lleva mucho más de 13 años sabiendo que es Paúl y no Paola.

Cuando era un niño, no le gustaba que le pusieran vestidos ni faldas: esas eran cosas para niñas y él no era una niña. “¿Por qué me obligan a usar algo con lo que no me identifico? ¿Por qué, al igual que otros niños, no puedo usar shorts? ¿Por qué ser algo que no es?”. Eran preguntas que se le venían a la mente cada cierto tiempo. De todas maneras, para evitar los jalones de orejas de sus padres, aceptaba usar lo que le pidieran.

Como cualquier niño, no solía tomar las decisiones sobre su futuro. Por eso mismo, cuando estaba en 4to grado, decidieron por él que viviría en El Paraíso, en Caracas, con una tía. La explicación que le dieron años después fue que era lo mejor para él, para que en casa de sus padres no fuera testigo de las palizas que su papá alcohólico le daba a su mamá. Pensaban que, de esa forma, estaría alejado de la violencia. Pero como sus preguntas, la violencia fue siempre una constante en su vida. 

Naturalmente, en casa de su tía las decisiones las tomaba ella, que era evangélica. La veía como un no andante: no juegues con los varones. No juegues fútbol ni béisbol, lo que más te gusta; juega kikimbol. No veas Xena: la princesa guerrera. No vas a la playa con short y camisa, vas con bikini. Esas no son cosas de niñas. No eres un niño. No eres lo que tú quieras ser. 

Y aunque él tampoco lo entendía del todo, Paúl quería ser, sencillamente, Paúl. 

De cierta manera, todavía quiere serlo. A sus 34 años de edad, ya no es su tía evangélica quien se lo impide.

La primera vez que un funcionario del Estado le negó el cambio de su identidad fue en agosto de 2022. 

Para esa fecha, la Comisión de Desarrollo Social de la AN, presidida por el oficialista Alfredo Infante, había organizado reuniones con organizaciones defensoras de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Como desde 2018 Paúl formaba parte de la ONG Transgresores, que se dedica a la visibilización y defensa de los derechos de las personas transgénero, fue a varias de ellas. En esos encuentros, distintos voceros de esas agrupaciones exigían derechos como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental o la protección de las familias homoparentales, cuestiones que no contempla la legislación venezolana o que el sistema de justicia ignora.

Los diputados oficialistas escuchaban, tomaban apuntes y se despedían hasta la próxima reunión. “Siempre planteamos los problemas pero nunca nos dan una solución”, pensaba Paúl. 

En una de las reuniones debatieron sobre el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Los activistas, como Paúl, advirtieron que no se cumplía para las personas transgéneros como él; que 13 años después, el Estado seguía discriminándolos. Los diputados aseguraban que el artículo sí se cumplía en Venezuela o, quizá, que se trataba de malentendidos. Bajo la lógica de los diputados, si Paúl quería ser Paúl, nadie se lo impediría.

Para demostrarles que no mentían, Paúl juntó sus papeles de nacimiento y se fue al Registro Civil de San José, en el centro de Caracas, donde fue registrado al nacer. Pidió tramitar el cambio de nombre, tal como lo establece el artículo 146. Pero no lo dejaron, como ya sabía que sucedería: le dieron un papel en que afirmaban que ese era un asunto que debía resolver el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de un fallo, aunque la ley no establece la intervención del TSJ para su cumplimiento. 

Tenía la evidencia que necesitaba.

Dos semanas después, con el papel en mano, fue al Registro Municipal para que dieran un veredicto sobre su solicitud. Se negaron a atenderlo. Pero como Paúl sabía qué hacer en esos casos, llamó a la defensora en temas LGBT de la Defensoría Pública para que interviniera en el conflicto. Fue a través de ella que se enteró el porqué de la negativa a recibirlo: dijo que no estaba preparada ni tenía conocimiento para atender su caso.

“¿En qué país vivo, que un funcionario del Estado no conoce mis derechos?”, pensó Paúl.

Hasta ese momento, la cara más cruel del Estado con la que se había enfrentado Paúl era la de funcionarios armados.

Un día de 2006, en Parque Carabobo, se despedía de la que era su novia con un abrazo cuando escuchó la orden seca de un hombre:

“¡Suéltala, lesbiana!”.

Cuando se volteó, una pistola apuntaba hacia su cabeza. Así que obedeció la orden del Policaracas y levantó sus manos, esperando lo peor. Habiendo cumplido su objetivo de separarlas, el policía se fue. 

En otra ocasión, en 2017, dos guardias nacionales se plantaron frente a él y su novia para ordenarles que dejaran de besarse. “No pueden hacer eso”, dijo uno de los funcionarios antes de pedirles que se fueran. Su novia no se intimidó, pero Paúl obedeció. Sabía que no debía oponerse porque el enfrentamiento era desigual. Ellos tenían fusiles.

—Total, ya me han echado de varios lugares públicos por mostrar afecto hacia otra persona —dijo Paúl.

Por ejemplo, en 2006, unos amigos lo invitaron a una “besada” frente al centro comercial El Recreo: varias parejas LGBT acudieron y se besaron, a modo de protesta debido a la discriminación que sufrían en el lugar. Cada cierto tiempo, expulsaban a parejas LGBT por abrazarse, besarse o ir tomadas de la mano. Así que Paúl fue con su novia. A la protesta acudió también la prensa. Le tomaron fotos a Paúl y a su novia besándose. Al día siguiente, su beso salió en la portada de uno de los periódicos.

Los guardias del centro comercial, con el recorte del periódico en la garita de seguridad, les dijeron que si volvían a verlos por ahí, “las sacarían”. Ni Paúl ni su novia se acercaron por más de dos o tres años. Algunos amigos le aconsejaban que denunciara la situación, a lo que Paúl respondía: “¿Para qué voy a denunciar si nadie me va a parar bolas?”.

A veces la paciencia se agota. 

La calma te supera. Te domina el impulso. Actúas.

Y Paúl, al ver que las reuniones con los diputados oficialistas siempre terminaban en nada, decidió actuar.

Junto a Koddy Campos y Jhoan Chavarrío, dos amigos activistas, decidió encadenarse frente a la Defensoría del Pueblo. No había demasiada planificación: la idea era ir y encadenarse hasta que algún funcionario público garantizara el cumplimiento del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Si alguien les pedía levantar la protesta, pedirían que hablaran antes con una Comisión de Diálogo que crearon, encabezada por la abogada y activista trans Richelle Briceño. Si los intentaban sacar a la fuerza, pondrían resistencia.

Se encadenaron el 21 de noviembre de 2022.

Algunos transeúntes les preguntaban por qué lo hacían. “Para que se cumpla el artículo 146”, respondía Paúl. También hablaban del matrimonio igualitario, de la despenalización de la homosexualidad que sanciona el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar y de la aplicación de la sentencia 1187 del TSJ, donde se establecen los derechos de las familias homoparentales.

El 23 de noviembre, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, se comprometió a impulsar la modificación o nulidad del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. Aunque celebraron el anuncio, seguía siendo insuficiente. Faltaba el cambio de nombre para las personas trans y los derechos de las familias homoparentales. Sin eso, se mantendrían encadenados. Se mantuvieron firmes. 

Una comisión de la AN intentó levantar la protesta. Si se quitaban las cadenas, les dijeron, lo atendían inmediatamente. Paúl los remitió con los voceros. Después de darles una charla de que la “revolución” garantizaba los derechos para todas las personas, los diputados de la comisión se dieron media vuelta y se fueron sin garantizarles sus derechos.

“Estoy harto”, pensaba Paúl luego de cada día. Pero se había comprometido con sus compañeros activistas a resistir. Después de tantos años de luchas y de tanta gente esperando, pensaba, no podía flaquear. 

Luego de ocho días encadenados, Richelle se reunió con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Y el lunes 28 de noviembre, con Jorge Rodríguez, presidente de la AN electa en 2020. Ese día Richelle llamó a Paúl, a Koddy y a Jhoan. Les dijo que, por fin, podían quitarse las cadenas: Jorge Rodríguez les prometió que el artículo 146 de la ley del Registro Civil se iba a cumplir.

Paúl sintió que todo había valido la pena. Creyó que les cumplirían. 

Paúl supo de la existencia del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil en 2009, justo cuando se modificó. Ese mismo año se unió a la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, una organización que promovía los derechos de la comunidad LGBT, así que estaba al tanto de las leyes. Fue allí donde dio sus primeros pasos en el activismo. Allí empezó a entender que, como él, muchas personas más habían sufrido discriminación por su sexualidad. Allí conoció a Koddy y a Jhoan.

En la Alianza, no sabía muy bien por qué, a Paúl todavía le costaba hablar de su pasado.

Hasta que, en 2018, se unió a la ONG Transgresores.

Allí conoció a más personas transgénero. Contó su historia y escuchó la de otros. Se encontró con personas que no se identificaban con la ropa que le asignaban desde la niñez; que como él decidió hacer desde el bachillerato, habían cambiado su aspecto para lucir del género que los identificaba. Entonces le hablaron de la transexualidad y de las infancias trans. Y supo que simpre había sido transgénero. Por eso no le gustaban los vestidos ni las faldas ni el maquillaje. Por eso en el bachillerato le hacían bullying llamándolo “marimacha”.

Sintió, por primera vez, que sí había en el mundo un lugar para él.

Así que decidió transicionar socialmente. Un día de 2020 le pidió a sus hermanos que lo llamaran Paúl. Ellos aceptaron y le dijeron que lo apoyaban. Luego lo publicó en Facebook: “A partir de ahora mi nombre es Paúl y al que no le guste, que me borre y siga con su vida”. 

De vez en cuando, algún familiar lejano, acaso para molestar, lo llama Paola. Paúl no se muestra aludido.

El 29 de noviembre de 2022, una comisión conformada por los diputados chavistas Pedro Infante, Asia Villegas e Iris Varela recibieron en la AN a Paúl y a otros activistas. Varela, una de las promotoras de la modificación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil en 2009, dijo que no sabía que la ley no se estaba aplicando. Paúl le enseñó el papel que le dieron en la Registraduría remitiéndolo al TSJ.

La próxima reunión fue el 7 de diciembre. Allí los activistas presentaron una lista de 10 nombres, que después aumentó a 15: serían las primeras 15 personas transgéneros e intersexuales en cambiar su nombre en el documento de identidad. Entre ellos estaba el de Paúl. Los diputados les prometieron que se reunirían con los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y con funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para ir tramitando el cambio.

“Están esperanzando a mucha gente que incluso no cree en ustedes”, les advirtió Paúl.

El 14 de diciembre estaba prevista la reunión con los diputados y las autoridades del CNE y del Saime. Pero como si nada de lo anterior hubiera pasado, la reunión no se llevó a cabo: alguien les explicó que para ese día estaba pautado la entrega del presupuesto nacional ante la AN, y que por eso no los podían atender.

La paciencia se agota. Te domina el impulso. Actúas. Durante 24 horas, Paúl y el resto de activistas se sentaron frente al edificio de la Asamblea Nacional Constituyente, al frente del Palacio Legislativo. Paúl se quitó la camisa y pintó en su pecho la frase: “Las vidas trans importan”. Desnudo y desprotegido, como los trans en Venezuela frente al Estado, pensó Paúl.

Es 15 de diciembre de 2022. 

Los diputados les piden, de nuevo, paciencia. Más paciencia.

Pero Paúl no tiene más paciencia.

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