En mayo de 2019, publicamos la historia del doctor Carmelo Gallardo, jefe del Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay, detenido por participar en una protesta ciudadana. De allí salió tres meses después, tras tomar la dura decisión de declararse culpable porque, de lo contrario, no podría volver a ejercer la medicina.
El 15 de abril de 2020, vecinos de Churuguara, un pueblo a dos horas de Coro, estado Falcón, salieron a protestar por la escasez de combustible. La concentración fue reprimida con bombas lacrimógenas. Allí estuvo Edgar Flores, abogado, de 30 años y paciente psiquiátrico. Días después, fuerzas de seguridad del régimen fueron a buscarlo a casa.
Michelle Flores migró a Lima con la ilusión de trabajar para sacar a su familia de Venezuela. Estaba a punto de lograrlo cuando a Yudexsi Machado, su madre, le avisaron que la habían encontrado muerta. Fue la tercera migrante venezolana asesinada en Perú en el año 2019.
Desde el 7 de mayo, Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, vive bajo resguardo en la Embajada de Italia. Sobre ella pende la amenaza de ser encarcelada bajo la acusación de traición a la Patria. Desde entonces, para su esposo y sus hijos la cotidianidad es otra.
Un día de junio de 2015, María Beatriz Lara, reportera con 20 años de experiencia, asistió a una rueda de prensa cuyo punto de encuentro fue una sede de la policía científica del estado Aragua. Allí, varios funcionarios la agredieron y la esposaron sin razón alguna. Un tribunal acusó a los implicados y ordenó su detención. Pero a cuatro años de los hechos, el juicio sigue detenido…
Carmelo Gallardo es uno de los 11 médicos que fueron detenidos en las protestas ciudadanas del 30 de abril de 2019. Hematólogo y jefe del Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay, en el estado Aragua, le imputaron los delitos de resistencia a la autoridad, obstrucción de la vía pública e instigación pública.
En medio de una protesta en El Limón, en el estado Aragua, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron a 11 adolescentes, el 24 de enero de 2019. Una juez ordenó que fueran recluidos y, ocho días más tarde, en una audiencia especial que no figura en ninguna ley, los dejó en libertad bajo medidas cautelares.
No me imagino ejerciendo otro oficio. Menos mal que soy periodista. Corresponsal de Crónica Uno y del Instituto Prensa y Sociedad, en Aragua. Defensora activa de derechos humanos.